martes, 13 de marzo de 2018

Adolfo Pérez Esquivel propondrá a Lula para Premio Nobel de Paz "por su lucha contra la pobreza" // De acuerdo con una pericia judicial, Odebrecht falsificó pruebas contra el expresidente Lula // A propósito de la condena a Lula: el gran capital siempre fue enemigo del PT // ¿Ruido de sables en América Latina? // Todos contra el neoliberalismo por Emir Sader // ¿La reinvención del Foro Social Mundial? por Boaventura de Sousa Santos // Movimientos populares: entre el espontaneísmo y la manipulación por Marcelo Colussi // CHILE: La falta de recursos ahoga a 'Punto Final', la revista que Pinochet ordenó destruir // URUGUAY: SE VIENE LA NEGOCIACIÓN SALARIAL MÁS GRANDE DESDE 2005 // Reclaman mayor participación de mujeres en dirección del Pit-Cnt

Adolfo Pérez Esquivel propondrá a Lula para Premio Nobel de Paz "por su lucha contra la pobreza"

Pérez Esquivel se reunió este viernes con Lula Da Silva en Sao Paulo, para ofrecerle su apoyo "por la campaña judicial que pretende evitar que sea candidato presidencial en 2018 con un juzgamiento violatorio del derecho al debido proceso".

Adolfo Pérez Esquivel propondrá a Lula para Premio Nobel de Paz "por su lucha contra la pobreza". Foto: Ricardo Stuckert
Adolfo Pérez Esquivel propondrá a Lula para Premio Nobel de Paz “por su lucha contra la pobreza”. Foto: Ricardo Stuckert
BRASIL 04 de marzo de 2018, 09:03hs - LR21
El premio Nobel de la Paz argentino Adolfo Pérez Esquivel anunció que propondrá al ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva como candidato a recibir ese galardón internacional por ser “una referencia a nivel mundial de la lucha contra la pobreza”.
“Voy a proponer (el nombre de) Lula da Silva para el Premio Nobel de la Paz”, anunció el argentino en sus redes sociales, y explicó que decidió nominar al exmandatario (2003-2010) porque “La llegada del PT y Lula a la presidencia marcaron un antes y un después para Brasil”.
“Más de 30 millones de personas fueron rescatadas de la pobreza extrema (un país entero), disminuyó la desigualdad y aumentó el índice de desarrollo humano”, manifestó, en ese sentido considero que su gobierno tuvo “políticas cruciales para la paz” y fue “un ejemplo” para el mundo.
Pérez Esquivel se reunió este viernes con Lula Da Silva en Sao Paulo, para ofrecerle su apoyo “por la campaña judicial que pretende evitar que sea candidato presidencial en 2018 con un juzgamiento violatorio del derecho al debido proceso”.
“Defender la candidatura de Lula es defender la vuelta de la democracia brasileña”, destacó el Nobel argentino.
Pérez Esquivel lamentó que actualmente “el pueblo de Brasil está perdiendo su tierra, su techo y su trabajo”.
“La derecha sabe que Lula tiene mucho apoyo porque ha hecho políticas para la igualdad y la justicia social como nunca hubo en este país, por eso necesitan proscribirlo”, consideró y agregó que “no lo persiguen por lo que consideran políticas erradas, lo persiguen porque quieren revertir lo que hizo bien para las mayorías populares”.

Personalidades mundiales firman manifiesto que denuncia que “una elección sin Lula sería una fraude”

El filósofo Noam Chomsky, el cantor Chico Buarque y la expresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner figuran entre los firmantes que denuncian que "en el argumento para evitar la…
Para el Nobel argentino ahora “en Brasil hoy no hay democracia” porque el gobierno de Michele Temer “es una continuidad del golpe blando” que en 2016 destituyó a la presidenta electa Dilma Rousseff.
Lula por su parte elogió a Pérez Esquivel por “pelear incansablemente por la democracia, los pueblos y los derechos humanos”. Y agradeció el apoyo asegurando que le “da ánimos para seguir luchando”.
Pérez Esquivel recibió el Premio Nobel de la Paz en 1980 por su compromiso con la defensa de la Democracia y los Derechos Humanos por medios no-violentos frente a las dictaduras militares en América Latina.

La Justicia brasileña rechaza la apelación de Lula da Silva para evitar ir a prisión

Publicado: 6 mar 2018 18:49 GMT | Última actualización: 6 mar 2018 19:47 GMT - RT
El Tribunal Superior de Justicia de Brasil ratificó así la condena del expresidente, lo que abre las puertas a su detención.
NELSON ALMEIDA / AFP
La máxima instancia judicial de Brasil, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), rechazó la presentación que hicieron los abogados de Lula da Silva para recurrir la sentencia en su contra. Por mayoría, los magistrados emitieron su opinión negativa respecto a la apelación.
El objetivo de la defensa del expresidente era evitar que tenga que aguardar en prisión antes que el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región (TRF-4) resuelva definitivamente sobre la causa en la que fue condenado por corrupción a 12 años de prisión.
Por su parte, el Ministerio Público había solicitado previamente que Lula sea detenido en caso de que el TSJ fallara en su contra.

¿Por qué se condena a Lula?

En el juicio celebrado en primera instancia en julio de 2017 el expresidente fue condenado por aceptar un departamento de lujo a cambio de beneficiar a la constructora OAS, con contratos de la estatal Petrobras.
El expresidente de Brasil, Lula da Silva, durante un acto el 3 de febrero de 2018.
La adjudicación del inmueble, ubicado frente a la playa en el Condominio Solaris en Guarujá (estado de San Pablo), se habría llevado a cabo a través de familiares de Lula. Sin embargo a lo largo de juicio no se logró demostrar que sea el propietario y tampoco se logró identificar cuál fue el acto o la omisión (delito de "corrupción pasiva") que habría dado origen al recibimiento del departamento.
Este revés judicial se da en el marco de la campaña hacia las elecciones presidenciales que se realizarán en octubre de este año en Brasil. Actualmente, como reseña el diario La Nación, Lula encabeza las encuestas con un 36% de intención de voto. Pero de acuerdo a la llamada "Ley de Ficha Limpia", ninguna persona condenada por corrupción puede ser candidato lo cual, en los hechos, implicaría que no pueda presentarse.

De acuerdo con una pericia judicial, Odebrecht falsificó pruebas contra el expresidente Lula

Publicado: 16 feb 2018 23:14 GMT - RT
La defensa del expresidente de Brasil solicitó una investigación que habría demostrado que la empresa mintió para incriminar al líder del Partido de los Trabajadores.
De acuerdo con una pericia judicial, Odebrecht falsificó pruebas contra el expresidente Lula
El expresidente de Brasil, Lula da Silva, durante un acto el 3 de febrero de 2018.
Leonardo Benassatto / Reuters
Los abogados del expresidente de Brasil Lula da Silva solicitaron una pericia que supuestamente reveló que la empresa Odebrecht falsificó documentos con el objetivo de incriminar al líder del Partido de los Trabajadores (PT).
La información fue difundida por el diario Folha de São Paulo, que sostiene que el experto que analizó los documentos presentados por la empresa al Ministerio Público Federal descubrió marcas de montaje. También señaló inconsistencias en las fechas de las transacciones y en las firmas.
Cartel de Odebercht en la ciudad brasileña de Río de Janeiro, febrero de 2016. / Ricardo Moraes / Reuters
Entre los registros analizados por el especialista –proveídos por un sistema llamado Drousys– figuran extractos presentados por Odebrecht de movimientos financieros en la filial de un banco que la empresa compró en el Caribe, el Meinl Bank. Rodrigo Tacla Durán, un abogado que prestó servicio para la contratista y está prófugo en España, ya había declarado tiempo atrás que la empresa manipuló datos de esta institución financiera.

Un juicio con falta de pruebas

Cabe recordar que la acusación y condena contra Lula se inscribe en la megacausa de corrupción Lava Jato. Concretamente, el fallo judicial que lo sentenció a 12 años de prisión asegura que aceptó un lujoso departamento a cambio de beneficiar a la constructora OAS, con contratos de la estatal Petrobras.
La adjudicación del inmueble, frente a la playa en el Condominio Solaris en Guarujá (municipio del estado de Sã Paulo), se habría llevado a cabo a través de familiares de Lula. Sin embargo, a lo largo del proceso no se logró demostrar que el exmandatario fuese el propietario y tampoco se identificó cuál fue el acto u omisión (delito de 'corrupción pasiva') que habría dado origen al recibimiento de la vivienda.

Las claves perdidas de Odebrecht

En una entrevista publicada por el diario O'Globo a fines de enero, el fiscal de Curitiba, Carlos Fernando dos Santos Lima, reveló que "se perdieron" las claves para acceder a 'My web day', un sistema creado por Odebrecht en el que se llevaba registro del pago de los sobornos y coimas, así como también de contribuciones legales y oficiales para, por ejemplo, campañas electorales.
Hace seis meses la compañía había entregado a la Justicia cinco discos duros con copia de datos de este software. Junto a estos había dos 'pendrives' que, en teoría, contenían las claves para permitir el acceso a los datos. "El sistema está cifrado con dos claves perdidas, no hubo forma de recuperarlas" y "no sé si habrá", declaró el fiscal. La empresa aseguró que los demás 'pendrives' fueron destruidos previamente.
De acuerdo a la información difundida, 'My web day' detallaba, en códigos cifrados, desde el nombre del ejecutivo responsable de la solicitud de pago ilegal y el propósito del pago, hasta la ciudad donde se produjo, el destinatario de valores y el mecanismo utilizado para viabilizar el traspaso. En paralelo funcionaba otro sistema que era el Drousys, del cual se extrajeron los documentos para inculpar a Lula.

Lula recibe apoyo de parlamentarios y movimientos tras el rechazo de habeas corpus

Para la diputada Benedita da Silva lo que está pasando con Lula es un golpe político para hacer inviable su candidatura

Brasil de Fato, en la ciudad de São Paulo
Movimientos populares afirman que elecciones presidenciales sin la candidatura del ex presidente Lula serían un fraude  - Créditos: Alexandre Padilha
Movimientos populares afirman que elecciones presidenciales sin la candidatura del ex presidente Lula serían un fraude / Alexandre Padilha
Este martes los ministros del Superior Tribunal de Justicia (STJ) rechazaron por unanimidad el pedido de habeas corpus preventivo del ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT) que busca evitar su prisión tras la condena en segunda instancia.

Durante la votación, los ministros defendieron que Lula cumpla la pena una vez que se confirme su condena, pues el cumplimiento no hiere el principio constitucional de presunción de inocencia. A pesar del resultado en el STJ, la defensa del ex presidente aún podrá apelar en el Supremo Tribunal Federal (STF) para evitar la prisión.

La diputada Benedita da Silva, también del Partido de los Trabajadores (PT), afirmó que en el proceso de Lula hay más decisiones políticas que jurídicas. "Esperaremos la decisión del STF para saber si podemos o no creer en la seriedad y en la transparencia de la Justicia brasileña. Lo que está pasando con Lula es un golpe político para hacer inviable su candidatura [en las elecciones presidenciales de 2018]", afirma.

Raimundo Bonfim, coordinador de la Central de Movimientos Populares e integrante del Frente Brasil Popular, afirmó que la decisión no sorprendió a los movimientos. "Para los movimientos populares la condena de Lula es la continuación de una persecución política, pues no hay pruebas", señala.

Después de la decisión del STJ este martes, Lula podría ir a la cárcel cuando se concluyan las apelaciones en segunda instancia en el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región (TRF4).

La diputada del PT cree que solamente el proceso electoral podría representar un juicio justo al ex presidente. "Quién debería juzgar a Lula es el pueblo brasileño, pues aquellos que le investigan no tienen pruebas de que es culpable", sugiere.

Bonfim defiende la intensificación de las movilizaciones en defensa del ex mandatario. "Seguiremos con nuestras movilizaciones para denunciar que elecciones sin Lula serían un fraude, que Lula será candidato hasta el final", dice.

En un comunicado de prensa, el Partido de los Trabajadores (PT) afirmó que la decisión de rechazar el pedido de habeas corpus del ex mandatario evidencia "la urgencia de que el Supremo Tribunal Federal juzgue las acciones que defienden el principio constitucional de presunción de inocencia".

Aún no se conoce la fecha del juicio de las apelaciones en segunda instancia en el TRF4.

Edición: Simone Freire | Tradução: Luiza Mançano



Brasil
A propósito de la condena a Lula: el gran capital siempre fue enemigo del PT

26/02/2018
| Wladimir Pomar
La condena de Lula por parte del Tribunal Regional Federal de Porto Alegre (TRF 4 para la Cuarta Región) suscita indignación y protestas que no siempre van acompañadas de un análisis más fino de lo que está pasando. Es cierto que semejante condena llega en el mismo momento en que las transformaciones de los sistemas judicial y policial brasileños que están al frente de la ofensiva reaccionaria y protofascista, asuela el país. Sin embargo, sería un error considerar que estos sectores son hegemónicos en los aparatos del estado y en la sociedad.
Este error es aún más grave si se le supone que los grandes medios de comunicación comparten esta hegemonía o que estos sectores han transformado a Lula en el enemigo cuando han sido derrotados por él. En realidad, la hegemonía económica, social, ideológica y política en la sociedad brasileña es ejercida desde hace tiempo por la gran burguesía y el gran capital a través de mil y un instrumentos que van desde los sencillos lazos comerciales al dominio de los aparatos del estado, pasando por los medias y otros medios (no siempre visibles) de difusión ideológica y de represión social.
Uno de los ejemplos ideológicos de esta hegemonía consiste en asociar la idea misma de hegemonía con los grandes terratenientes esclavistas sin relacionarla con el capitalismo brasileño, subordinado, dependiente y desnacionalizado, un gran capital que incluye poderosos sectores extranjeros. Es este gran capital el gran obstáculo para la concreción de las aspiraciones a la soberanía nacional, al desarrollo industrial, a la reducción de las desigualdades sociales y a la consolidación de los derechos democráticos en Brasil.
Para apoyar tal afirmación, es suficiente recordar la historia brasileña, la que va de 1950 hasta nuestros días o al menos la que comienza en 2002 con la primera victoria presidencial de Lula (cuyo primer mandato comenzó en enero de 2003). Sin dejar de considerar en ningún momento a Lula y al PT como enemigos imbéciles, el gran capital siempre ha maniobrado, incluso bajo la apariencia de amistad y simpatía, para destruir el gobierno de mayoría petista sea a través de ofertas corruptas y de discretos sabotajes o de forma más abierta, oponiéndose a las políticas sociales y a la ampliación de los derechos democráticos.
Por otro lado, este gran capital ha sido incapaz de vencer al PT en 2006 y 2010 (con la candidatura de Jose Serra, alcalde de São Paulo, miembro del partido de la socialdemocracia brasileña PSDB) y en 2014 (con Aecio Neves, gobernador de Minas Gerais desde 2011, miembro del PSDB vencido por Dilma Rousseff en 2014). Viéndose en la obligación de enfrentarse a Lula de nuevo en 2018, decidieron actuar esta vez de forma revolucionaria para conseguir implantar de forma plena y radical una política neoliberal en Brasil. Así que planificaron y ejecutaron hasta el final acciones cuyo objetivo central consiste en hacer imposible la continuidad de gobiernos petistas salvo si estos gobiernos aceptan formar coaliciones y de renunciar a sus “objetivos socialistas”.
Estas operaciones han sido llevadas a cabo tanto por el sistema judicial-policial, cuyo poder ha sido reforzado (sin que se hayan puesto trabas o exigencias democráticas) durante los gobiernos petistas, como por el sistema parlamentario. En la práctica, los gobiernos petistas aseguraron una continuidad a la supuesta alianza positiva con el gran capital pensando que el sistema judicial-policial y parlamentario serían políticamente neutrales en el combate contra la corrupción y en la obediencia a los “preceptos” democráticos. Estos gobiernos olvidaron que la corrupción era moneda corriente del gran capital y de sus representantes políticos y que la mayoría parlamentaria estaba ya hegemonizada por la fracción agraria de este capital, la fracción más reaccionaria.
En su supuesta neutralidad, el sistema judicial-policial, de entrada, se consagró a “cazar piezas menores” de los dirigentes petistas, de los que creía que podían recaudar fondos emprendedores, de acuerdo con la ley, sin caer en la trampa de la caja B (las cajas 2) y de la “primacía del hecho” (el autor de una infracción, incluso si no la ha hecho directamente, es el responsable pues su posición jerárquica ha empujado al otro a realizarla). El éxito de las operaciones judiciales de 2005 permitió elaborar el plan de transformación de Lula en la presa principal de “actos de corrupción descubiertas por los medias” y de conseguir presentarlo como “el único jefe de una organización criminal” según los términos del procurador Deltan Dallagnol, jefe de los procuradores instructores [parte del Ministerio Fiscal. NdT] del asunto de corrupción ligada a la Petrobras.
Pero a continuación, ante la necesidad de dar credibilidad y legalidad a tales acciones, este sistema se vio obligado a cortar en su propia carne procesando (y juzgando) algunos corruptores y corruptos en el campo del gran capital. Lo que no impidió al sistema parlamentario perpetrar el golpe del impeachment (agosto de 2016) contra Dilma. Esto puso en evidencia que el objetivo de estas operaciones iba mucho más allá del pretendido combate contra la corrupción y que, en realidad, se trataba de destruir al PT (y a Lula), de marginalizar a la izquierda e impedir cualquier resistencia seria contra la reimplantación de un programa neoliberal radical que vaya en el sentido de una subordinación, dependencia y desnacionalización mayores de Brasil.

Para afrontar tales planes, será necesario reconocer que el núcleo central de la estrategia seguida por el PT a partir de la batalla para las presidenciales de 1994 fue un error. Hasta entonces, el PT no solo había luchado para acabar con la dictadura sino también se había rebelado contra el “pacto de clases” que era la Constitución de 1988. Su rechazo a firmar la Carta Magna se basaba en el hecho de que semejante “pacto de clases” solo reconocía los derechos democráticos. No arreglaba las cuentas con la dictadura militar y los feroces torturadores, no rompía con la subordinación y la dependencia en relación con el gran capital internacional y no democratizaba (incluso en términos de competencia entre capitalistas) los sectores monopolísticos (por ejemplo, el de las comunicaciones, de la agricultura y las diferentes ramas industriales).
A pesar de esto, muchos dirigentes del PT continuaron suponiendo que el gran capital no consideraba a Lula y al PT como enemigos sino como aliados. Peor todavía, dedujeron de esto que este capital, así como la mayor parte de sus representantes políticos (incluso los que estaban incrustados en los aparatos del estado, como los procuradores y los jueces) no estaban interesados en impedir la experiencia de un gobierno democrático y popular.

A partir de ahí, la concepción de una hipotética alianza con el gran capital actuó en cascada internamente. Sin ni siquiera explicitar el hecho de estar rompiendo con sus posiciones anteriores sobre el pacto impuesto por la alta burguesía y aceptado por el establishment militar, la dirección del PT modificó su estrategia adaptándose al pacto de clases de la Constitución de 1988. Desde entonces enrolló y guardó la bandera de la lucha por el socialismo y aceptó alianzas de todo tipo con los del “otro lado” especialmente, durante la batalla de 2002 por la presidencia (la primera elección de Lula que desembocó en un gobierno que incluía al “rey” del agronegocio y puso en el Banco Central al banquero Enrique Meirelles).
En esa ocasión, incapaz de resolver la crisis generada por un decenio de subordinación al Consenso de Washington, el gran capital decidió “aliarse” con el PT para elegir a Lula. Era lógico puesto que el PT se había comprometido a resolver la crisis y no modificar las bases de la economía capitalista subordinada, dependiente y desnacionalizada. Este compromiso había sido ratificado formalmente en la famosa “Carta a los brasileños” (supuestamente, para tranquilizar a los mercados financieros y al Banco Central).
Las ilusiones sobre la alianza con el gran capital se vieron reforzadas por una economía internacional que permitía ganancias elevadas a las exportaciones brasileñas y hacía posible desarrollar programas sociales de lucha contra la miseria y la pobreza sin que para ello fuera necesario realizar ninguna reforma estructural, solo sería un poco “democratizante”. Esta situación ablandó aún más la aversión hacia la burguesía en tanto que clase así como contra sus métodos de explotación y diversos tráficos en la política.

Al mismo tiempo, esta situación llevó al PT a dar prioridad a las actividades institucionales, a abandonar el trabajo social y organizativo de base, a liquidar sus actividad de formación ideológica y política y a operar una estrategia de desarrollo que, puesto que el gran capital era motor de todo, impedía en la práctica la transformación del país en una nación industrial, tecnológica y científicamente soberana y socialmente menos desigual.
Estas ilusiones sobre el gran capital explican por qué muchos dirigentes petistas fueron incapaces de evaluar la profundidad de los acontecimientos de 2005 (casos de corrupción denunciados por el semanario Veja y otros medios) que fueron el primer intento de liquidar la naciente experiencia de gobiernos democráticos y populares elegidos a través de procedimientos constitucionales de la limitada democracia brasileña. Estas ilusiones explican también por qué todavía no han comprendido que el estado de derecho republicano en Brasil se instituyó para juzgar con clemencia a los representantes de la burguesía y de forma “revolucionaria” a los representantes populares.
Al no haber entendido esta dinámica, muchos dirigentes petistas no hicieron una crítica rigurosa a quienes cometían el error de considerar el gran capital como un “aliado” y tratarlo como tal, y de realizar prácticas como las suyas, el ejemplo de Palocci y otros (antiguo militante y Ministro de Hacienda de Lula hoy cumple una pena de 12 años de cárcel por corrupción). Sus direcciones no tomaron medidas para investigar las evidentes infracciones cometidas contra las reglas del Partido. Estas no impidieron que estos abusos continuaran siendo practicados ni juzgaron necesario cambiar la política de conciliación de clases y la alianza con el capital.
Además de todo esto, tampoco tuvieron en cuenta la creciente radicalización derechista y reaccionaria que se vio en las elecciones de 2010 y 2014 cuando las “oleadas” de la crisis capitalista global empezaron a afectar seriamente la economía brasileña y amenazaron gravemente la tasa de beneficios. Entonces, se convirtió en fundamental para el gran capital, adoptar los “ajustes presupuestarios” que les permitieran acaparar la parte de los recursos estatales concedidos a los programas sociales, la seguridad social, las pensiones y todas las otras reivindicaciones democráticas y populares caracterizadas como “populismo de izquierdas”.
Frente a esto, contra la opinión de una parte importante del PT y a pesar de todo lo que se había prometido durante la campaña electoral de 2014, el gobierno de Dilma Rousseff intentó el ajuste presupuestario exigido. Lo hizo en un último intento de mantener el acuerdo (o el “pacto de clase” de 1988). Sin embargo, en ese momento, el gran capital ya había decidido descartar cualquier posibilidad de reformas que dieran el menor cariz popular a la democracia formal de 1988 y, de manera absolutamente lógica, decidió tumbar el gobierno Dilma e intenta impedir a Lula ser candidato y excluir al PT de la lista de partidos políticos autorizados.
Poco le importa al gran capital que muchas personas del PT y de la sociedad en general consideren que incluso la Constitución de 1988 está siendo pisoteada cuando ven al sistema jurídico-policial ordenar, por ejemplo, la prisión preventiva durante tiempo indeterminado, utilizar la supuesta “primacía del hecho” y la idea de la “íntima convicción” como pruebas. Sus representantes intentan decir que la red de protección social, la ética y la libertad de prensa son conquistas democráticas nacidas del “pacto de clases”. Poco les importa que solo sean vagas conquistas que no han roto el monopolio real que sostiene la insoportable desigualdad social, la repugnante corrupción generalizada y una prensa que se encuentra en manos de algunos magnates.
Todo esto obliga a las clases populares no solo a defender medidas democráticas contenidas formalmente en esta Constitución, sino a exigir y a luchar por una nueva Asamblea constituyente que asegure realmente la extensión de los derechos democráticos a las capas populares y que acabe con los monopolios en todos los aspectos de la vida brasileña. Esto va a depender de una intensa y enorme movilización social, mucho más amplia e intensa de la que se está llevando para defender a Lula. Pero esto será tema de otro artículo.
Traducción: viento sur
http://alencontre.org/ameriques/amelat/bresil/bresil-debat-a-propos-de-la-condamnation-de-lula-pour-une-assemblee-constituante.html
8/2/2018 - Publicado por Viento Sur

¿Ruido de sables en América Latina?

Por German Gorraiz López
KAOS EN LA RED - Publicado en: 9 marzo, 2018
Irrupción en el escenario geopolítico de América Latina de una nueva ola negra involucionista que afectará a Brasil, Venezuela, Ecuador, Nicaragua y Bolivia.
El Brexit y el triunfo de Trump marcarán el finiquito del “escenario teleológico” en el que la finalidad de los procesos creativos eran planeadas por modelos finitos que podían intermodelar o simular varios futuros alternativos y en los que primaba la intención, el propósito y la previsión y su sustitución por el “escenario teleonómico”, marcado por dosis extremas de volatilidad. Así, asistiremos al finiquito de la Unipolaridad de Estados Unidos y de su papel de gendarme mundial y su sustitución por la nueva doctrina de la Multipolaridad o Geopolítica Inter-Pares, formado por la Troika EEUU, China y Rusia (G3) así como a la irrupción en el escenario geopolítico de América Latina de una nueva ola negra involucionista con el objetivo inequívoco de sustituir a los regímenes insensibles a los dictados de Washington por regímenes militares autocráticos y que afectará a Brasil, Venezuela, Ecuador, Nicaragua y Bolivia.
México, el Estado fallido
Debido al “caos constructivo” exportado por EEUU y plasmado en la guerra contra los cárteles del narco iniciada en el 2.006, México sería un Estado fallido del que sería paradigma la ciudad de Juárez, (la ciudad más insegura del mundo con una cifra de muertes violentas superior al total de Afganistán en el 2009), por lo que para evitar el previsible auge de movimientos revolucionarios antiestadounidenses se procederá a la intensificación de la inestabilidad interna de México hasta completar su total balcanización y sumisión a los dictados de EEUU. Así, la política anti-inmigración de Trump aunado con el proteccionismo económico ( redifinición del NAFTA) e implementación de aranceles a los productos mexicanos, conllevará una severa constricción de las exportaciones de productos mexicanos a EEUU así como de la entrada de remesas de dólares en México, lo que podría suponer una debacle económica y social y terminar por desencadenar frecuentes estallidos de conflictividad social, siendo previsible una clara regresión de las libertades democráticas y un posible regreso a escenarios ya superados de intervención del Ejército ”como “garante del orden constitucional”.
Cuba y la Crisis de los Misiles
En el supuesto de que Donald Trump mantenga intacto el anacrónico embargo sobre la Isla, podría surgir el desapego afectivo del régimen cubano respecto a EEUU y dicho vacío será aprovechado por el hábil estratega geopolítico Putin para firmar un nuevo tratado de colaboración militar ruso-cubana (rememorando el Pacto Secreto firmado en 1.960 en Moscú entre Raúl Castro y Jruschov)que incluiría la instalación de una base de Radares en la abandonada base militar de Lourdes para escuchar cómodamente los susurros de Washington y la instalación de bases dotadas con misiles Iskander, pudiendo revivirse la Crisis de los Misiles Kennedy-Jruschev (octubre, 1.962) y la posterior firma con Jrushchov del Acuerdo de Suspensión de Pruebas Nucleares (1962).
Nicaragua en la mira del Pentágono
China habría asumido el reto de construir un nuevo canal en Nicaragua (Gran Canal Interoceánico) similar al canal del istmo de Kra que tiene proyectado entre Tailandia y Birmania para sortear el estrecho de Malaca, convertido “de facto” en una vía marítima saturada y afectada por ataques de piratas e inauguró en el 2010 el gasoducto que une a China con Turkmenistán y que rodea a Rusia para evitar su total rusodependencia energética al tiempo que diversifica sus compras, por lo EEUU procederá a desestabilizar el gobierno de Daniel Ortega dentro de su estrategia geopolítica global de secar las fuentes energéticas chinas. Por otra parte, la instalación el pasado abril de una estación satelital rusa en Managua (laguna de Nejapa) para “controlar el narcotráfico y estudiar los fenómenos naturales” habría provocado el nerviosismo del Pentágono que acusa a Rusia de “estar usando Nicaragua para crear una esfera de espionaje militar” mediante el Sistema Global de Navegación por Satélites (Glonass), el equivalente al GPS de EEUU. En consecuencia,el Congreso y el Senado de EE.UU aprobaron recientemente el proyecto de ley conocido como Nica Act (Nicaraguan Investment Conditionality Act of 2017), que siguiendo la estrategia kentiana busca congelar los préstamos internacionales de instituciones satélites de EEUU (Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo), a Nicaragua con el objetivo confeso de provocar su inanición financiera y posterior asfixia económica.
El incierto futuro de Venezuela
En Venezuela, la decisión de Maduro de confiscar la planta de General Motors, será vista por la Administración Trump como un atentado contra los intereses de las multinacionales estadounidenses, escenario que será aprovechado por el Secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, antiguo Presidente y Consejero Delegado de Exxon Mobil cuando fue nacionalizada en el 2007 por Hugo Chávez, para intentar un golpe de mano contra Maduro. Exxon Mobil formaría parte de la Cuarta Rama del Gobierno de EEUU, verdadero Poder en la sombra que toma las decisiones en política exterior y a instancias de Tillerson, la revolución chavista ya fue declarada “enemiga peligrosa de EE.UU”. En consecuencia, tras una sistemática e intensa campaña desestabilizadora que incluirá el desabastecimiento selectivos de artículos de primera necesidad, la amplificación en los medios de la creciente inseguridad ciudadana y las sanciones económicas podríamos asistir a un golpe de mano para finiquitar el legado chavista en Venezuela.
¿Nuevo Gobierno Militar en Brasil?
Brasil forma parte de los llamados países BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) y aunque se descarta que dichos países forman una alianza política como la UE o la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN), dichos países tienen el potencial de formar un bloque económico con un estatus mayor que del actual G-8 (se estima que en el horizonte del 2050 tendrán más del 40% de la población mundial y un PIB combinado de 34.951 Billones de $). Brasil juega un rol fundamental en el nuevo tablero geopolítico diseñado por EEUU para América Latina ya que le considera como un potencial aliado en la escena global al que podría apoyar para su ingreso en el Consejo de Seguridad de la ONU como miembro permanente con el consiguiente aumento del peso específico de Brasil en la Geopolítica Mundial tras la asunción por Brasil del papel de “gendarme de los neocon” en Sudamérica.
Sin embargo, Dilma Rousseff exigió a Estados Unidos explicaciones convincentes de las razones de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) para presuntamente violar las redes de computadoras de la petrolera estatal Petrobras con lo que se habría granjeado la enemistad de EEUU que procedió a la implementación del “caos constructivo” en Brasil para desestabilizar su mandato presidencial (impeachement). Tras el khaos surgido en una sociedad brasileña corroída por la corrupción y que afectaría al actual Presidente Temer no es descartable un golpe de mano militar que implementará una severa represión contra los partidos izquierdistas y que se ensañará de manera especial con el Partido Comunista (PCdoB) y el Partido Socialista (PSB), quedando tan sólo Ecuador, Nicaragua y Bolivia como países díscolos a las tesis de una EEUU pero que terminarán siendo fagocitados mediante la política del Big Stick o “Gran Garrote”, siguiendo la Doctrina Monroe ,“América para los Americanos”.
GERMÁN GORRAIZ LOPEZ-Analista

Todos contra el neoliberalismo

por Emir Sader
Los recientes reveses de la izquierda latinoamericana han llevado a cuestionamientos respecto a las políticas de alianza que han hecho posibles los gobiernos antineoliberales. Esos gobiernos solo han logrado imponer su hegemonía, porque han conseguido, con sus propuestas de gobierno, obtener consensos ampliamente mayoritarios en la sociedad.  Cuando perdieron su capacidad hegemónica, los frentes que habían constituido fueron resquebrajados, con las alianzas siendo desechas.
Pasó algo similar cuando el frente del gobierno kirchnerista se fracturó,  cuando el frente del gobierno del PT en Brasil igualmente se deshizo, ahora pasa algo parecido en Ecuador. Pero las alianzas no son la causa, sino el efecto de propuestas de gobierno que, si funcionan, no tienen porque debilitar el frente social y político del gobierno. Si estos se debilitan, es porque las políticas de gobierno están perdiendo en la sociedad su capacidad de convencimiento, de consenso.
Pero, antes de todo, queda la enseñanza de que las alianzas no son tema de elecciones subjetivas – con quienes sí, con quienes no, – sino de agrupar fuerzas alrededor de un programa de transformaciones de carácter nacional. El criterio de las políticas de alianzas es objetivo político. Primero se plantean las propuestas de gobierno, habrá alianzas con quienes estén de acuerdo con esas propuestas.
Ahora, cuando por lo menos en Argentina y en Brasil se discute el tema de las alianzas – tema también presente en Ecuador, en Bolivia, pero también en México, en Colombia -, es hora de volver a reflexionar sobre los criterios de las alianzas. Alianza con quién, significa alianza para qué. Conforme hacia donde se quiere ir, se definen las compañías.
Hay sectores que proponen alianzas solamente dentro del campo de la izquierda, solo con quienes tienen trayectorias y propuestas similares. Sería condenar la izquierda al aislamiento y a la derrota, porque las contraofensivas de la derecha han aislado a la izquierda, le han quitado aliados, le han puesto en situación de minoría en la sociedad. Para romper ese cerco, hay que ganar a sectores con los cuales no hay trayectoria común en el pasado, con los cuales no se comparten todas las posiciones programáticas. Para ello hay que definir los criterios objetivos de las alianzas.
La frontera de los enfrentamientos estratégicos en el período histórico actual se da alrededor del neoliberalismo, el modelo hegemónico asumido por el capitalismo ya hace algunas décadas. El campo popular agrupa a todas las fuerzas, sociales, políticas, económicas, que se contraponen al neoliberalismo y buscan su superación. El campo de la derecha, sea en sus expresiones más tradicionales de derecha o en otras aparentemente mas moderadas, se reúnen alrededor del modelo neoliberal.
En América Latina hoy, más que nunca, el bloque popular debe agrupar a todos los que se oponen al modelo neoliberal y se disponen a poner en práctica un gobierno que supere ese modelo. Un bloque que se oponga a las privatizaciones del patrimonio público, al debilitamiento de los sindicatos, a la concentración todavía más grande de los medios, a la retracción de las políticas sociales, a políticas externas de subordinación a los EE UU.
No importa la trayectoria pasada de las personas y fuerzas, su naturaleza ideológica, importa la posición que tienen respecto a neoliberalismo y al gobierno que pone en práctica esa política.
El desafío más grande para la izquierda no está  en reunir a todas esas fuerzas, sino en organizar el programa antineoliberal, que destaque los elementos estratégicos de ese programa para definir, a partir de ahí, los apartados fundamentales de la reconstrucción del  bloque popular antineoliberal. La agrupación de fuerzas es una consecuencia del programa antineoliberal.

¿La reinvención del Foro Social Mundial?

por Boaventura de Sousa Santos
Traducción de Antoni Aguiló
El Foro Social Mundial (FSM) se reunió por primera vez en Porto Alegre en 2001. Fue un acontecimiento de extraordinaria trascendencia porque señaló el surgimiento de una forma de globalización alternativa a la que estaba siendo impulsada por el capitalismo global, cada vez más dominado por la su versión más excluyente y antisocial: el neoliberalismo. No fue la primera señal. Esta había sido dada por el levantamiento neozapatista en el sur de México en 1994, seguido por el Encuentro Intergaláctico de 1996, y en 1999 por las protestas en Seattle contra la reunión de la Organización Mundial del Comercio. Pero fue, sin duda, la señal más consistente y la que puso en la agenda internacional la lucha de los movimientos y las organizaciones sociales que luchaban en las diferentes regiones del mundo contra las muchas caras de la exclusión social, económica, racial, etnocultural, sexista, religiosa, etc.
Animado por el éxito, inesperado para muchos, de su primer encuentro, el FSM se desdobló en los años siguientes en foros regionales temáticos, nacionales y los foros mundiales pasaron a realizarse en otros continentes: en la India, en Kenia, en Senegal, en Túnez, aunque volviendo a veces a Brasil (Porto Alegre y Belém) hasta llegar a América del Norte (Canadá) en 2016. El éxito del FSM hizo que se sumaran a sus encuentros mundiales otros encuentros mundiales sectoriales, del del Foro Mundial de Educación al Foro Mundial de Teología. Se fueron creando estructuras mínimas de coordinación: Secretariado, Consejo Internacional, Comité Facilitador, aunque las tareas de organización fueran asumidas siempre por los comités locales de los países donde se realizaban los encuentros.
El FSM era simultáneamente un síntoma y un potenciador de la esperanza de los grupos sociales oprimidos. Surgía con una vocación mundial desde América Latina porque el subcontinente era entonces la región del mundo donde las clases populares estaban traduciendo la esperanza con más consistencia en forma de gobiernos progresistas. Esta esperanza, al mismo tiempo utópica y realista, había sido recientemente renovada con la Venezuela de Hugo Chávez, a partir de 1998, y continuó con la llegada al gobierno de Lula da Silva (Brasil) y Néstor Kirchner (Argentina) en 2003 y en los años siguientes de Rafael Correa (Ecuador), Evo Morales (Bolivia), Manuel Zelaya (Honduras), Fernando Lugo (Paraguay) y Pepe Mujica (Uruguay). Con el FSM se iniciaba una década de esperanza que, desde el subcontinente, se proyectaba sobre todo el mundo. Era el único continente donde tenía algún sentido político hablar de “socialismo del siglo XXI”, aunque las prácticas políticas concretas tuvieran poco que ver con los discursos.
La gran novedad del FSM y su patrimonio más precioso fue hacer posible el mayor interconocimiento de los movimientos y organizaciones sociales involucrados en las luchas más diversas en diferentes países y según culturas políticas históricamente muy distintas. En los primeros tiempos, este propósito pudo lograrse gracias a una cultura basada en la libre discusión, y el consenso y a la negativa del FSM de tomar decisiones políticas como tal. Pero no pudo evitar que, desde casi el inicio, se iniciara un debate político entre los activistas más comprometidos que se fue intensificando con los años. Algunas cuestiones: ¿podría el FSM ser verdaderamente mundial y progresista si las grandes ONG lo dominaban en detrimento de las pequeñas y de los movimientos sociales de base? ¿Si quien más necesitaba la solidaridad del Foro no tenía recursos para participar? ¿Si las fuerzas dominantes en el FSM no luchaban contra el capitalismo, luchaban, como mucho, contra el neoliberalismo? ¿Acaso detrás de la ideología del consenso no se escondería la mano de hierro de algunas entidades, personas y posiciones? Si no podían tomarse decisiones políticas, ¿cuál era la utilidad de continuar reuniéndonos? Como no había estructuras para organizar los debates, quien se sentía incomodado por estas cuestiones fue abandonando el proceso. Pero el genio del FSM fue que, durante más de diez años, siempre fue atrayendo nuevos movimientos y organizaciones.
Sin embargo, a finales de la década de 2000 la coyuntura internacional había cambiado en un sentido adverso a los objetivos del FSM. Minados por sus contradicciones internas, los gobiernos progresistas de América Latina entraban en crisis. El imperialismo estadounidense, que durante una década había estado centrado en Oriente Medio, regresaba con fuerza al continente y la primera señal fue la dimisión en 2009 del presidente Manuel Zelaya, un presidente democráticamente elegido. Era el primer ensayo del nuevo tipo de golpe institucional, bajo ropaje democrático, que se repetiría en 2012 en Paraguay y en 2016 en Brasil. El neoliberalismo, teniendo ahora a su entera disposición el capitalismo financiero global, embestía contra todas las políticas de inclusión social. La crisis financiera provocaba la crisis social y los movimientos tenían que centrarse en las luchas nacionales y locales. Además, su lucha era cada vez más difícil dada la persecución represiva. Bajo el pretexto de la “guerra contra el terror”, la paranoia de la vigilancia y la seguridad dificultaba la movilidad internacional de los activistas, tal como se vio en 2016 en Montreal, donde se denegaron más de doscientos visados de entrada a activistas del Sur global.
En estas circunstancias, ¿cuál era la viabilidad y utilidad del FSM? En el momento en que estaban en riesgo no solo las políticas sociales, sino la propia democracia, ¿era sostenible la continuidad del FSM como un simple foro de discusión autoimpedido para tomar decisiones en un momento en que fuerzas neofascistas llegaban al poder? Estas preguntas apuntaban a una crisis existencial del FSM. Esta crisis alcanzó su punto máximo en la reunión del Consejo Internacional en Montreal, en la que este órgano rechazó tomar una posición contra el impeachment a la presidenta Dilma Rousseff. Salí de la reunión con la sensación de que el FSM estaba en una bifurcación: o cambiaba o moría. Durante los últimos meses pensé que moriría. En los últimos tiempos, con la dinámica surgida de cara a la preparación del FSM de Salvador de Bahía (del 13 al 17 de marzo), concluí que existía posibilidad de cambio, adaptándose a las dramáticas condiciones y desafíos del presente.
¿Cuáles son los cambios necesarios? En la asamblea plenaria de Salvador se aprobará una nueva Carta de Principios. En los términos de esta carta, el FSM se declara un órgano de defensa y de profundización de la democracia con competencias para tomar decisiones políticas siempre que la democracia esté en peligro. Las decisiones políticas concretas son tomadas por los movimientos y organizaciones que promueven cada encuentro del FSM cualquiera que sea su ámbito geográfico o temático. Las decisiones políticas son válidas en el ámbito geográfico y temático en el que se tomen. El actual Consejo Internacional se autodisolverá en su próxima reunión y será reconstruido de raíz en la asamblea plenaria de Salvador según criterios que la propia asamblea definirá. El FSM de Salvador es quizá hoy más necesario de lo que lo fue el FSM de Porto Alegre. ¿Habrá condiciones para no desperdiciar esta (¿última?) oportunidad?

Con Nuestra América

sábado, 13 de enero de 2018

Movimientos populares: entre el espontaneísmo y la manipulación

No todos estos movimientos “de masas” son iguales. Aquellos que son visualizados en la geoestrategia de Washington como un peligro –por ejemplo en Latinoamérica todos los que se oponen a la industria extractivista– tienen una lógica totalmente distinta a aquellos que se levantan como “defensores de la democracia”, con un contenido más clasemediero.

por Marcelo Colussi / Para Con Nuestra América
Desde Ciudad de Guatemala

Los iraníes que se manifiestan contra su gobierno verán un gran apoyo de Estados Unidos en el momento adecuado”.
Donald Trump, con motivo de los actuales acontecimientos en Irán (enero 2018)


Partidos políticos en crisis

A partir de las dos últimas décadas del pasado siglo, y en lo que va del presente, asistimos a una gradual pero permanente decadencia de los partidos políticos tradicionales. Esto se da tanto en la derecha como en la izquierda. Las poblaciones van evidenciando un creciente hastío en relación a las formas tradicionales de la “política profesional”, dada por tecnócratas, burócratas siempre alejados de la gente, “mentirosos de profesión”. La política hecha a través de los partidos (farsante, embustera, manipuladora) sigue siendo la forma en que se maneja la institucionalidad de los Estados nacionales, pero cada vez más es la mercadotecnia, el manejo “de mentes y corazones” –como pedía Zbigniew Brzezinsky, maestro en estas artes–, la tecnología publicitaria, la que “hace” la política. O, al menos, la que se encarga de “manejar” a las grandes masas. Las decisiones fundamentales, por supuesto, se siguen haciendo en las sombras. Y no la hacen los “políticos de profesión” precisamente, sino los que les financian las campañas y para quienes, en definitiva, trabajan. Entonces, como acertadamente dijera el francés Paul Valéry: “La política es el arte de hacer creer a la gente que toma parte en los asuntos que le conciernen”. Deberíamos agregar: “pero sin permitirle que realmente se involucre en nada”.

De ningún modo esos partidos están agotados, pues continúan siendo correas de transmisión entre el poder económico –los verdaderos amos– y las grandes masas, ofreciendo las capas de burócratas que manejan los aparatos estatales. Pero la credibilidad de esos partidos está por los suelos. De todos modos, el “credo” fundamental de la politología oficial, de la llamada “democracia representativa”, está dado por la existencia de esos partidos. El resguardo de lo que la ciencia política de derecha funcional al sistema llama “gobernabilidad” son esos –aunque desacreditados y un tanto aborrecidos– partidos políticos. Por así decir: un mal necesario para el sistema.

En el campo de la izquierda las cosas también están complicadas. Caídas las primeras experiencias socialistas de la historia (desintegración de la Unión Soviética, extinción del bloque socialista europeo, reversión del socialismo chino) el avance de las fuerzas de cambio social quedó un tanto –o bastante– relegado. Hoy, una pregunta clave en el campo de la izquierda es ¿cómo construir alternativas válidas, consistentes, realmente efectivas? Los particos políticos clásicos, con un esquema leninista si se quiere, en el momento actual no están en crecimiento. Antes bien: han perdido credibilidad, no arrastran gente. Hoy por hoy todo lo que suene a confrontación, como consecuencia de décadas de bombardeo mediático-ideológico es visto como “peligroso”. O, cuando menos, como desconfiable. De ahí que los partidos políticos de izquierda, los tradicionales particos comunistas, no están hoy precisamente en crecimiento. Y si se trata de partidos socialdemócratas, es decir: fuerzas políticas que hablan un lenguaje capitalista “moderado”, no hay la más mínima diferencia con los partidos políticos de derecha.

A decir verdad, hoy no se ve muy claro ninguna propuesta real de transformación social. Ello no significa, en modo alguno, que el sistema capitalista esté blindado ante los cambios. Son incontestables los elementos que demuestran su inviabilidad a futuro: el solo ecocidio (la monumental catástrofe medioambiental) que ha producido con su alocado modelo de consumo, o el tener las guerras como una siempre posible válvula de escape cuando se traba, deja ver su insostenibilidad. Pero solo, por su propio peso, no case. Es necesario que alguien lo derribe. ¿Quién es el sujeto revolucionario entonces en la actualidad? ¿Es posible hoy levantar las banderas de partidos políticos revolucionarios?

Movimientos populares espontáneos

En ese sentido, en distintas latitudes del planeta, y sin dudas en Latinoamérica con una considerable fuerza, lo que sí se van dibujando como alternativas antisistémicas, rebeldes, contestatarias, son los grupos (en general movimientos campesinos e indígenas) que luchan y reivindican sus territorios ancestrales.

Quizá sin una propuesta clasista, revolucionaria en sentido estricto (al menos como la concibió el marxismo clásico, como han levantado los partidos comunistas tradicionales a través de los años en el siglo XX), estos movimientos constituyen una clara afrenta a los intereses del gran capital transnacional y a los sectores hegemónicos locales. En ese sentido, funcionan como una alternativa, una llama que se sigue levantando, y arde, y que eventualmente puede crecer y encender más llamas. De hecho, en el informe “Tendencias Globales 2020 – Cartografía del futuro global”, del consejo Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos, dedicado a estudiar los escenarios futuros de amenaza a la seguridad nacional de ese país, puede leerse: “A comienzos del siglo XXI, hay grupos indígenas radicales en la mayoría de los países latinoamericanos, que en 2020 podrán haber crecido exponencialmente y obtenido la adhesión de la mayoría de los pueblos indígenas (…) Esos grupos podrán establecer relaciones con grupos terroristas internacionales y grupos antiglobalización (…) que podrán poner en causa las políticas económicas de los liderazgos latinoamericanos de origen europeo. (…) Las tensiones se manifestarán en un área desde México a través de la región del Amazonas”.[1] Para enfrentar esa presunta amenaza que afectaría la gobernabilidad de la región poniendo en entredicho la hegemonía continental de Washington cuestionando así sus intereses (¿quizá también la lógica capitalista en su conjunto?), el gobierno estadounidense tiene ya establecida la correspondiente estrategia contrainsurgente: la “Guerra de Red Social” (guerra de cuarta generación, guerra mediático-psicológica donde el enemigo no es un ejército combatiente sino la totalidad de la población civil), tal como décadas atrás lo hiciera contra la Teología de la Liberación y los movimientos insurgentes que se expandieron por toda Latinoamérica.

Hoy, como dice el portugués Boaventura Sousa Santos refiriéndose al caso colombiano en particular y latinoamericano en general, escrito antes de la desmovilización de la principal fuerza guerrillera de Colombia pero igualmente válido ahora, “la verdadera amenaza no son las FARC. Son las fuerzas progresistas y, en especial, los movimientos indígenas y campesinos. La mayor amenaza [para la estrategia hegemónica de Estados Unidos, para el capitalismo como sistema] proviene de aquellos que invocan derechos ancestrales sobre los territorios donde se encuentran estos recursos [biodiversidad, agua dulce, petróleo, riquezas minerales], o sea, de los pueblos indígenas”.[2] Anida allí, entonces, una cuota de esperanza si de transformación se trata. ¿Quién dijo que todo está perdido?

No hay dudas que la contradicción fundamental del sistema sigue siendo el choque irreconciliable de las contradicciones de clase, de trabajadores y capitalistas. Eso continúa siendo la savia vital del sistema: la producción centrada en la ganancia empresarial. En ese sentido, las premisas de trabajo asalariado y capital siguen siendo absolutamente determinantes: los trabajadores generan la riqueza que una clase, la poseedora de los medios de producción, se apropia. Esa contradicción –que no ha terminado, que sigue siendo el motor de la historia, amén de otras contradicciones sin dudas muy importantes: asimetrías de género, discriminación étnica, adultocentrismo, homofobia, etc.– pone como actores principales del escenario revolucionario a los trabajadores, en cualquiera de sus formas: proletariado industrial urbano, proletariado agrícola, campesinos pobres, trabajadores clase-media de la esfera de servicios, intelectuales, personal calificado y gerencial de la iniciativa privada, amas de casa, subocupados varios, trabajadores precarizados e informales. Lo cierto es que, con la derrota histórica de estos últimos años luego de la caída del Muro de Berlín y los retrocesos habidos en el campo socialista, con el tremendo revés que la clase trabajadora ha sufrido a nivel mundial con el capitalismo salvaje de estos años, eufemísticamente llamado “neoliberalismo” (precarización de las condiciones generales de trabajo, pérdida de conquistas históricas, retroceso en la organización sindical, tercerización, etc., etc.), los trabajadores, quienes viven de su ingreso, los verdaderos y únicos productores de la riqueza humana, quedaron desorganizados, vencidos, quizá desmoralizados.

De ahí que estos movimientos campesinos-indígenas que reivindican sus territorios son una fuente de vitalidad revolucionaria sumamente importante.

La pregunta sigue siendo: ¿por dónde ir si hablamos de transformación, de cambio social? Evidentemente la potencialidad de este descontento, que en buena parte de América Latina se expresa en toda la movilización popular anti-industria extractivista (minería, centrales hidroeléctricas, monoproducción agrícola destinada al mercado internacional), puede marcar un camino.

Inmediatamente surge una pregunta, una preocupación, si se quiere ver así: por todo el mundo están apareciendo movimientos populares. El abanico es amplio y da para mucho: junto a estos movimientos campesinos-indígenas que vemos en Latinoamérica aparecen otros grupos, habitualmente urbanos y más de sectores medios que, curiosamente, levantan banderas “pro-democráticas”. Pero, por supuesto, no son lo mismo.

Movimientos “democráticos”

No todos estos movimientos “de masas” son iguales. Aquellos que son visualizados en la geoestrategia de Washington como un peligro –por ejemplo en Latinoamérica todos los que se oponen a la industria extractivista– tienen una lógica totalmente distinta a aquellos que se levantan como “defensores de la democracia”, con un contenido más clasemediero.

Estos últimos deben ser vistos y entendidos en su contexto. Como mínimo, podrían apuntarse varias experiencias que se han venido dando desde hace algún tiempo: 1) las revoluciones de color que surgieron en estos últimos años, básicamente en las ex repúblicas soviéticas, más algunos movimientos similares en Medio Oriente; 2) lo que se llamó la Primavera Árabe, y 3) los movimientos supuestamente “cívicos” que se dan en Latinoamérica (“estudiantes democráticos” en Venezuela, movilizaciones anti-corrupción en distintos países –Guatemala fue el primer laboratorio, en el 2015, seguido de iniciativas más o menos similares en distintas latitudes: Brasil, Argentina, Bolivia–, “Damas de blanco” en Cuba).

¿Qué representan, en realidad, estos movimientos? No son, en sentido estricto, movimientos populares. Con las diferencias del caso, todos tienen líneas comunes. Las llamadas revoluciones de colores (revolución de las rosas en Georgia, revolución naranja en Ucrania, revolución de los tulipanes en Kirguistán, revolución blanca en Bielorrusia, revolución verde en Irán, revolución Twitter en Moldavia, revolución azafrán en Birmania, revolución del Cedro en Líbano, revolución de los jazmines en Túnez, así como los “movimientos de estudiantes democráticos antichavistas” en la República Bolivariana de Venezuela) son fuerzas aparentemente espontáneas, que tienen siempre como objeto principal oponerse a un gobierno o proyecto contrario a los intereses geoestratégicos de Estados Unidos.

Inspirado de alguna manera en los sucesos de Tiananmen, de China en 1989, el primer laboratorio que sirvió a los estrategas estadounidenses para darle cuerpo y definición conceptual a estas operaciones de clara intervención injerencista, siempre disfrazados de revueltas populares pacíficas espontáneas, fue el derrocamiento del primer mandatario servio Slobodan Milosevic, en Serbia y Montenegro en el año 2000.

Son notas distintivas de estos movimientos supuestamente espontáneos su gran impacto mediático (llamativamente amplio, por cierto, y que no tienen los movimientos de defensa territorial como los mencionados más arriba), siempre de nivel mundial cubiertos espectacularmente (llamativamente) por cadenas internacionales, la participación de grupos juveniles, en la gran mayoría de los casos estudiantes universitarios. Y también –esto es fundamental– el hecho de recibir, directa o indirectamente, fondos de agencias gubernamentales estadounidenses, tales como la USAID, la NED, la CIA o, en algunos casos, de organismos no gubernamentales, como la Fundación Soros o la Freedom House, financiamientos en general negados o escondidos. Y si se niega, obviamente por algo será.

El ideólogo que le dio forma a este tipo de intervenciones es el estadounidense Gene Sharp, profesor y escritor visceralmente anticomunista, autor de los libros “La política de la acción no violenta” y “De la dictadura a la democracia”, nominado en el 2015 al Premio Nobel de la Paz. Paradojas del destino: inspirándose en los métodos de lucha no-violenta del hindú Mahatma Ghandi, este intelectual orgánico al statu quo estadounidense sentó las bases para que la CIA desarrollase sus intervenciones en distintas partes del mundo, siempre en función de la geoestrategia de dominación de Washington (¡en modo alguno alejada de la violencia!). Las mismas, según Sharp, consisten en tres pasos:

- Generación de protestas, manifestaciones y piquetes, persuadiendo a la población (léase: manipulando) de la ilegitimidad del poder constituido, buscando la formación de un movimiento antigubernamental.

- Fomento del desprestigio de las fuerzas de seguridad oficiales (policía o fuerzas del orden), instigación a huelgas, a la desobediencia social, a los disturbios y la provocación de sabotaje.

- Llamado al derrocamiento no violento del gobierno.

En esta línea podría inscribirse mucho de lo que sucedió en algunas de las ex repúblicas soviéticas (no siempre con éxito, los planes a veces fallan), o con la Primavera Árabe, que barrió el norte de África y buena parte del Medio Oriente, o lo que está sucediendo en este momento en Irán (de ahí el epígrafe con que abrimos el texto), que pueden haber iniciado como auténticas protestas populares, espontáneas y con energía transformadora pidiendo algunas determinadas modificaciones puntuales, o al menos de denuncia crítica, pero que rápidamente degeneran (porque son cooptadas) por esta ideología “democrática” –manipulada desde este proyecto injerencista de dominación ligado a las tristemente célebres agencias mencionadas–. O, es preciso no perderlo de vista, arrancan directamente como plan urdido y financiado por potencias extranjeras, en secreto obviamente, buscando la reversión (roll back) de un gobierno “molesto”.

A todos estos procesos de “rebeldía ciudadana”, a estas llamadas “revoluciones de colores”, le suceden luego sistemáticamente gobiernos de “conciliación y apertura”, en los que quedan excluidas las distintas fuerzas políticas que apoyaron a la administración gobernante derrocada. Todo eso, la forma ordenada y metódica que comportan estas “iniciativas”, permiten colegir que no son tan espontáneas sino que, por el contrario, obedecen a guiones muy bien trazados. Luego de las destituciones, de los cambios buscados, que nunca son estructurales, que solo se quedan en el reemplazo de algún funcionario, el supuesto “villano de la película”, –cambio realizado supuestamente a partir de esos sentidos reclamos populares– continúan medidas económicas neoliberales, produciéndose una fragmentación del espectro político del país o la zona donde se intervino (balcanización), pudiéndose suceder también estallidos o rebeliones territoriales de corte separatista, todo lo cual sirve para sumir así al país en cuestión en complejos y prolongados estados de ingobernabilidad. Nunca más oportuna que ahí la máxima maquiavélica de “divide y reinarás”.

Movimientos “democráticos” versus movimientos populares auténticos

Estas supuestas movilizaciones espontáneas de grupos civiles (revoluciones de colores) tienen una agenda clara: servir a los intereses desestabilizadores favorables a la Casa Blanca (secundariamente también a los grandes capitales europeos), siempre boicoteadores / obstaculizadores de proyectos con un tinte socializante o popular. En ese sentido, están muy lejos de poder ser equiparados a los movimientos populares antisistémicos a los que nos referíamos más arriba, los cuales reivindican territorios ancestrales sentidos como propios y se oponen a esta nueva camada de rapiña capitalista de recursos estratégicos que lideran capitales globales en concordancia con capitales y/o gobiernos nacionales de los países periféricos.

Esas movilizaciones “democráticas” constituyen, en definitiva, un arma de dominación del sistema capitalista, muy bien pergeñada, muy efectiva por cierto, que sirve casi sin violencia (nunca son totalmente pacíficas, porque también apelan a actos violentos llegado el caso, como pudo verse el año pasado en Venezuela, con 110 muertos) a los fines espurios de mantener el estado de cosas. Si se quiere decir así: con la apariencia de un gran cambio en las formas, quitando supuestas “dictaduras” o gobiernos indeseables, esas iniciativas ciudadanas son un puro gatopardismo: hacer como que se cambia algo para que, en sustancia, no cambie nada. O, peor aún, cambiar un gobierno díscolo a los dictados de los grandes capitales globales. Pero ningún otro cambio más, haciéndole creer a la población que fue artífice de una genuina transformación (“arte de hacer creer a la gente que toma parte en los asuntos que le conciernen”). Justamente por eso, porque se trata de un arma de control social, tienen tanta pomposidad en las cadenas mediáticas de impacto global. Por el contrario, todos los movimientos espontáneos indígenas-campesinos (y también los urbanos, si los hay) son criminalizados, presentados siempre como “cuerpos extraños”, molestias que vienen a interrumpir la “vida normal”. De ahí a actos terroristas, un paso.

Por otro lado, los movimientos populares mencionados en principio, en muchos casos indígenas y campesinos, en general espontáneos, no tienen claramente un contenido clasista, y no en todos los casos hablan un lenguaje marxista. Son, por el contrario, una expresión de un descontento que alberga en las grandes masas de damnificados, en general rurales –en atención a la principal dinámica de los países latinoamericanos, que son en muy buena medida agroexportadores con un fuerte peso de lo rural en su composición económico-política, social y cultural–. Pero si bien no encajan en lo que la teoría marxista clásica podría haber visto como el necesario fermento revolucionario: un proletariado industrial urbano, o una masa de trabajadores explotados que reivindica sus derechos mínimos, constituyen una marea de protestas y rebeldía que perfectamente puede ayudar a encender ánimos, mechas de transformación, calores revolucionarios. No se debe olvidar que las revoluciones socialistas ocurridas durante el siglo XX: la mexicana que no llegó a consustanciarse, la rusa, la china, la vietnamita, la cubana, la nicaragüense fueron, en definitiva, movimientos populares con una fuerte composición campesina, direccionadas luego por un partido (vanguardia) con principios comunistas.

En ese sentido, no se puede reivindicar ciegamente el espontaneísmo. Eso solo no conduce a ningún lado. Ejemplos al respecto sobran. Solo para citar alguno, valga el trágico diciembre de 2001 en Argentina. Allí, ante una brutal crisis económica, la gente salió a la calle enardecida, espontáneamente, y al grito de “¡Que se vayan todos!”, cinco presidentes desfilaron por la Casa de Gobierno en unos pocos días. La furia popular los sacó. Se podría decir que había allí una incendiaria situación ¿pre-revolucionaria?, pero la falta de conducción no pudo aprovechar ese estallido de descontento popular. La gente en la calle espontáneamente no necesariamente es sinónimo de cambio. De ahí la necesidad de poder articular movimientos espontáneos, furias desatadas y ánimos honestamente caldeados por situaciones de injustica con propuestas de largo aliento que tengan claro contenido político revolucionario. Si no, no se pasa del descontento que, lamentablemente, puede terminar en pillaje y saqueos, no más.

Ahora bien: sabiendo el potencial que anida en esos auténticos movimientos populares de descontento que se han venido dando en Latinoamérica, fundamentalmente contra la producción extractivista (por explotadora, por ecocida, por atentar con los territorios tradicionales), no hay que perder de vista la llama encendida que puede significar la “Declaración de Quito” con la que concluyó el encuentro continental “500 Años de Resistencia India”, realizada en julio de 1990, preparatorio de la contra-cumbre de celebraciones que tuvieron lugar con motivo del “encuentro” (¿o encontronazo?) de dos mundos en 1492: “los pueblos indios además de nuestros problemas específicos tenemos problemas en común con otras clases y sectores populares tales como la pobreza, la marginación, la discriminación, la opresión y explotación, todo ello producto del dominio neocolonial del imperialismo y de las clases dominantes de cada país”.

Si la política tiene algo de arte, entonces de lo que se trata no es de “engañar”, de “hacer creer a la gente que toma parte en los asuntos que le conciernen” sino en propiciar realmente su inclusión como verdadero, como único agente real de transformación.Los libertadores no existen”, dijo el Che Guevara. Son los pueblos quienes se liberan a sí mismos.

[1] En Yepe, R. “Los informes del Consejo Nacional de Inteligencia”. Versión digital disponible en la página: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=140463
[2] Boaventura Sousa, S. “Estrategia continental”. Versión digital disponible en https://saberipoder.wordpress.com/2008/03/13/estrategia-continental-boaventura-de-sousa-santos/
CHILE

COMUNICACIÓN: La falta de recursos ahoga a 'Punto Final', la revista que Pinochet ordenó destruir

Este viernes sale a la calle el último número de la mítica publicación de izquierdas. Tras el golpe de estado de septiembre de 1973, varios de sus redactores fueron detenidos y asesinados. Su director, ex preso político del régimen, confiesa que “el dolor es muy grande”.
Algunas de las portadas de la revista Punto Final.
Algunas de las portadas de la revista Punto Final.
El periodista chileno Manuel Cabieses está a punto de cumplir 85 años. Cuando tenía 32, se embarcó en una aventura que le cambiaría la vida. Junto a Mario Díaz, también reportero, fundó una revista. Corría septiembre de 1965. La bautizaron como Punto Final. En el septiembre de 1973, Díaz y Cabieses tuvieron que hacer un punto y seguido. La redacción fue allanada, varios de sus trabajadores fueron asesinados y otros acabaron en el exilio. Años después, cuando el régimen estaba a punto de caer, abrieron otra vez las puertas de esta publicación de izquierdas. Hasta hoy. Casi 43 años después de su nacimiento, ha llegado el momento de cerrar. Lo que no logró  Augusto Pinochet lo ha conseguido la falta de recursos.
"Me cuesta encontrar una palabra exacta para definir lo que siento", comentó Cabieses a Público desde su oficina, situada en la calle San Diego de Santiago de Chile. En su ordenador se acumulan los artículos del último número de esta publicación quincenal, que saldrá a la calle este viernes. Va a ser la última, pero en la redacción de Punto Final trabajan como si fuese cualquier otro de sus 894 números. Quieren morir como nacieron: informando desde una óptica de izquierdas, anticapitalista y latinoamericanista. 
Manuel Cabieses, director de Punto Final.
Manuel Cabieses, director de Punto Final.
"Estaremos cumpliendo nuestra tarea hasta el último día, con el ánimo fuerte", dice su director. No obstante, admite que son días difíciles. "Es un dolor muy grande –explica Cabieses-. He pasado mi vida en esto. Para mí, es como ver agonizar a un familiar". La enfermedad que llevará a esta publicación a la tumba ha sido la misma que en otras tantas redacciones de aquí y allá. "La razón es simple y clara –subrayó su responsable-: no tenemos recursos propios para seguir adelante". En Chile hay un agravante: se trata de uno de los países más caros de América Latina para editar un periódico o una revista. Allí el mercado está controlado por dos grandes empresas. El resto sobrevive como puede. 
En ese contexto, Punto Final se edita cada 15 días y vende unos cinco mil números. En su redacción hay cuatro personas trabajando de forma fija, aunque cuentan con una red conformada por una veintena de colaboradores. El sociólogo chileno Marcos Roitman, quien tuvo que refugiarse en España tras el golpe de Estado de Pinochet, es uno de ellos. "Esta revista es un acervo de la cultura chilena. Dejarla morir significa matar parte de la cultura política del país", dijo a Público en Madrid, donde trabaja como profesor universitario. 
Basta con repasar el archivo histórico de Punto Final para darle la razón a Roitman. Por ejemplo, en el número 59, que salió a la venta en la primera quincena de julio de 1968, se publicó por primera vez el Diario del Che Guevara en Bolivia, una de las obras referenciales de este militante revolucionario. También cubrió el momento histórico que supuso la victoria de la Unidad Popular de Salvador Allende, así como el golpe de estado genocida que acabó violentamente con aquel gobierno democrático. 
Algunas de las portadas de Punto Final2.
Algunas de las portadas de Punto Final.
"Soldado: La Patria es la clase trabajadora", rezaba su portada del 11 de septiembre de 1973, el mismo día en el que Pinochet instauró su régimen de terror. Aquella dramática jornada, el general dio una clara orden por radio a sus subordinados. "Justamente el personal que trabaja allá en Punto Final... Todo el mundo ahí debe ser detenido. Cambio", advirtió. Poco después se produjo el allanamiento y destrucción de la revista. Varios de sus redactores y colaboradores fueron detenidos, torturados y asesinados. 

Perseguida en democracia

Cabieses, que por entonces también figuraba como director de la revista, fue detenido dos días después del golpe de Estado. Hasta 1975 permaneció en campos de concentración de la dictadura. Luego fue expulsado del país y se refugió en Cuba hasta 1979, año en el que regresó a Chile para vivir clandestinamente junto a su esposa, Flora Martínez. Mientras tanto, su compañero Mario Díaz se exilió en México, donde logró sacar una edición internacional de la revista. 
Diez años después, en 1989, Punto Final volvió a ver la luz en Santiago. El dictador Pinochet aún ostentaba el poder, pero lo quedaba poco. La democracia se restauró en marzo de 1990, aunque eso no significó el fin de la persecución contra la revista: en septiembre de 1991, el gobierno de Patricio Aylwin presentó una querella contra Cabieses por una portada de Punto Final que llamaba "sádico y asesino" a Pinochet. A raíz de esa denuncia, Cabieses llegó a ser detenido por la Policía chilena en plena democracia. Ni siquiera así lograron callar su voz, ni tampoco apagar los teclados de esta histórica publicación de izquierdas. Hasta hoy.

URUGUAY

A través de un comunicado el Centro Miliar cuestiona la nueva Fiscalía de Delitos de Lesa Humandiad y acusa al Fiscal General de la Nación, Jorge Díaz, de “llevarse por delante” los pronunciamientos de la ciudadanía en contra de derogar la Ley de Caducidad.
El grupo de militares retirados asegura además que no se puede juzgar delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura (1973-1985), ya que en Uruguay esos delitos se tipifican como tales desde 2002.
“Hemos asistido recientemente a la creación de la Fiscalía de Delitos de Lesa Humanidad, lo que, al margen de restar recursos humanos y materiales al primer escalón de combate al delito, que hoy flagela a nuestra sociedad, los vuelca en pos del rencor y el pasado reciente, ya investigado y juzgado, habiéndose procesado a más de treinta personas, algunos de los cuales han fallecido en prisión”, señala el comunicado.
Recuerda que el Tratado de Roma, “que configurara por primera vez tales delitos, fue instrumentado y ratificado por nuestro país a partir de junio de 2002”, por lo que “antes de esa fecha no existían en nuestra legislación: ¿dónde queda, entonces, el principio de la no retroactividad de la ley penal? ¿Por qué no se respeta la misma vara jurídica que otorgó las amnistías?, involucrados en delitos de subversión”.
“Parafraseando al extinto ministro de Defensa Nacional, Fernández Huidobro, estos son artilugios pergeñados en el Norte para ser usados en el Sur, distrayendo la atención de sus propias violaciones; de hecho, ni Estados Unidos ni Israel, países potencialmente beligerantes, han ratificado jamás dicho Estatuto”.
“Además, parecería que al señor Fiscal de Corte no le afecta llevarse por delante sendos pronunciamientos de la ciudadanía, hoy cercada por el delito y los delincuentes, por medio de los cuales se ratificó la vigencia de la ley de Caducidad. ¿Seguirá siendo el Pueblo el soberano, o, en este devenir de atrocidades, ya no se le tendrá más en cuenta?”
“Además, juzgar delitos anteriores a su configuración significa desconocer la vigencia de los códigos y la jurisprudencia toda. Por tanto, al no estar vigente ese delito en los códigos respectivos, esto simplemente no debería tener lugar”.
“Este principio es, por otra parte, un instrumento de seguridad para los pueblos; de no existir, los individuos quedan a merced de la completa subjetividad y ansias personales del magistrado de turno; la justicia se partidiza y se torna en herramienta de venganza para algunos: ¿es esto lo que queremos para nuestro país?”, señala el comunicado.




Williams García Lafont, director general de Información e Inteligencia, en la la comisión que investiga el espionaje en democracia, ayer, en el Anexo. Foto: Andrés Cuenca

Otro militar retirado se negó a comparecer ante la comisión que investiga el espionaje en democracia

Ayer de tarde retomó sus actividades la comisión de la Cámara de Diputados que investiga el espionaje militar y policial en democracia, y, como pasó en otras oportunidades, un militar retirado se negó a asistir. Esta vez fue el coronel (r) Juan Luis Álvez García, que previamente había aceptado comparecer, según indicó a la diaria el diputado del Frente Amplio Luis Puig, integrante de la comisión. “Hay mentalidades que siguen pensando que no concurriendo a brindar información al Parlamento tal vez puedan dificultar la investigación. Pero el compromiso de la investigación está a pleno y hay que denunciar este tipo de cosas”, afirmó Puig, y agregó que, de hecho, el año pasado la Cámara de Diputados había aprobado una declaración en la que criticaba a los ex directores de Inteligencia Militar Juan A Zerpa, Daniel Legnani, Mario Aguerrondo y Francisco Wins, por no concurrir ante la comisión.
Según Puig, Álvez García se negó a asistir porque no está de acuerdo con la forma en que se lleva adelante la investigación, pero el diputado subrayó que “no le corresponde” definir eso al coronel retirado. De todas maneras, Puig reafirmó el “compromiso” de “ir a fondo” con la investigación, que llevará a que, cuando termine el plazo de trabajo de la comisión, a mitad de año, se presente un informe “detallado” en el que se consigne que “se comprobó fehacientemente la existencia de espionaje militar y policial en democracia”. Además, el diputado señaló que, a su juicio, el informe implicará “una denuncia a nivel de la Justicia para constatar los delitos”.
Los que sí asistieron ayer fueron el comisario mayor (r) Williams García Lafont, actual director general de Información e Inteligencia, y el inspector principal Luis Ángel Pereyra Morales, pero ninguno aportó novedades significativas. En tanto, en la comisión todavía no se planteó que se convoque a ex presidentes de la República, pero Puig dijo que está “convencido” de que hay que llamarlos. “Porque la inteligencia, por ejemplo, a nivel del Ministerio de Defensa Nacional, es responsabilidad de esa cartera y del presidente. Por lo tanto, en la medida en que se constató cómo se ha operado, espiando a la democracia, creo que es importante que se convoque a los ex presidentes, y que sería un buen mensaje desde el punto de vista democrático: cuando el Parlamento decide investigar, lo hace a fondo”, insistió Puig.

SE VIENE LA NEGOCIACIÓN SALARIAL MÁS GRANDE DESDE 2005

Salario mínimo y crecimiento enfrentarán a empresarios y trabajadores

El Pit-Cnt reclama que el salario se acompase con el crecimiento salarial. El gobierno insistirá con pautas similares a las de la anterior ronda de negociación salarial. El martes las partes volverán a reunirse y los campos a deslindarse.
sábado 10 de marzo de 2018 - CARAS Y CARETAS
En pocas semanas cientos de miles de trabajadores comenzarán a negociar sus nuevos convenios colectivos en la ronda de Consejos de Salarios más grande desde su restauración en 2005. Con la vista puesta en ese momento, se reunió el martes el Consejo Superior Tripartito, instancia que reúne a los representantes de los empresarios, la central sindical y el Poder Ejecutivo. En la ocasión, se hizo una evaluación de la ronda de negociación anterior y se fijó para el martes próximo una nueva reunión para comenzar a discutir los criterios que regirán las negociaciones. Se sabe que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) es partidario de mantener las mismas pautas que la vez anterior. En su momento fueron rechazadas por los sindicatos, pero con el tiempo demostraron su eficacia dado el aumento del salario real y su poder adquisitivo.
Para esta ocasión el movimiento sindical dejó en claro que pretende que los aumentos deben ir acompasados con el crecimiento económico. Se estima que el país crecerá en el orden del 3-4% anual. Este argumento ya fue expuesto en 2015 y rechazado por el Poder Ejecutivo. En ese momento se vivía un enlentecimiento de la economía que obligó al gobierno de Tabaré Vázquez a moderar el gasto y las expectativas de crecimiento del salario. Hoy el país vive un momento de recuperación.
Durante un encuentro con motivo de conmemorarse un nuevo Día Internacional de la Mujer, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto MuMurro, anunció la intención de su cartera de que “todos los convenios salariales tengan cláusulas de género y mejorar la aplicación de las que ya existen. Esta no es una responsabilidad sólo del gobierno, también es una responsabilidad de los sindicatos y las organizaciones empresariales”, enfatizó.
Durante la reunión del Consejo Superior Tripartito, realizada este martes, los ministerios de Economía y Trabajo presentaron ante empleadores y trabajadores un análisis y balance de la última ronda de negociación y un panorama actualizado de la situación del mercado de trabajo. “La intención que tenemos es, luego de considerar los aportes que hemos recibido de todas las partes, estar ya presentando una propuesta de lineamientos al Poder Ejecutivo para la 7ª ronda de Consejo de Salarios”, sostuvo Murro.
Lo que se coló en esa instancia fue la intención del Pit-Cnt de bregar por llevar el salario mínimo nacional (SMN) a $ 16.500, lo que llevó al ministro a sostener: “Estamos satisfechos de lo hecho y estamos con las orejas escuchando para ver qué solución, con el mayor consenso posible, podemos encontrar”.
Y agregó: “En estos 13 años de gobierno se ha multiplicado [el SMN] en términos reales casi que por 4, por 3,7 exactamente. Comparativamente es de los salarios mínimos que más ha crecido en América Latina”.
Pit-Cnt decidido
Fernando Pereira, presidente del Pit-Cnt, hizo posteriormente declaraciones a la web de la central sindical en las que afirmó que a su juicio “hay aspectos fundamentales, y uno de ellos es que el salario mínimo dé un salto importante y pase a ser de $ 16.500. Somos conscientes de que esto no resuelve el tema salarial de los trabajadores, pero da un impulso a todas las categorías de todos los asalariados del país”.
A juicio de Pereira, y se supone que de toda la dirección del movimiento sindical uruguayo, al tema del SMN hay que agregarle el dar “prioridad a los salarios denominados sumergidos, que son todos aquellos menores a $ 20.000 y que involucran a unos 400.000 trabajadores”.
Seguidamente llegó el argumento tal vez más polémico, no por nuevo, sino porque ya fue utilizado y descartado en su momento, de que el crecimiento salarial acompañe el crecimiento de la economía del país. “Si la riqueza crece, los trabajadores tienen que crecer y luego analizaremos cuáles son los sectores que tienen dificultades. De lo contrario caemos en que es el lloradero el que va a regir la política salarial y no la realidad de cada sector. Si hay sectores con dificultades, tendrán que demostrar si lo están; de lo contrario, tendrá que haber convenios que contemplen las condiciones de vida y acceso a las cosas fundamentales de los trabajadores”, subrayó.
“Estamos dispuestos a discutir todo y partimos de la base de que la negociación es abierta”, señaló. “Nosotros llevaremos nuestro temario, el Poder Ejecutivo llevará el suyo y lo mismo harán los empresarios. Después será el arte de la negociación que nos permita llegar a la mejor fórmula en cada ámbito de negociación. Lo que queremos es que se dé un salto fuerte en el salario mínimo, esta es una prioridad. Aunque parezca poco, esto empuja a los salarios mínimos y favorece al sector informal, el cual si bien no está afiliado al Pit-Cnt, debemos ser el escudo de esos trabajadores, que tienen mucha debilidad a la hora de la negociación”.
Sobre la anterior ronda de Consejo de Salarios, el ministro Murro destacó que la mayoría de los convenios acordados siguieron los lineamientos del gobierno, siendo la opción mayoritaria la clasificación como sector “medio”. Sin embargo, la evolución del Índice Medio de Salarios Nominales (IMSN) del sector privado estuvo alineada a los ajustes previstos para los sectores “dinámicos”.
Se remarcó además que los aumentos nominales decrecientes previstos en los lineamientos contribuyeron a la moderación de la inflación de los bienes y servicios que no se comercializan internacionalmente.

ESTUDIO

Instituto Cuesta Duarte publicó un estudio sobre trabajo y salario

El Instituto Cuesta Duarte, del Pit-Cnt elaboró un estudio sobre la evolución del trabajo y el salario en los últimos años, proponiendo distintos pasos a seguir en políticas sociales. Véalo aquí.
sábado 3 de marzo de 2018 - CARAS Y CARETAS
El Instituto Cuesta Duarte, del Pit-Cnt elaboró un documento sobre el trabajo y el salario. En él se asegura que el crecimiento económico de los últimos 13 años han favorecido a los trabajadores. No obstante, la desaceleración generó un leve deterioro del empleo y también se hizo notar en el crecimiento salarial, sustento básico y decisivo “en materia de combate a la pobreza y la desigualdad”.
Por otro lado, el salario constituye el principal ingreso económico de la mayoría de los hogares y, por lo tanto, “es una variable clave en la determinación del consumo, principal componente de la crecimiento interno y sostén  de la demanda global cuando la coyuntura externa no es favorable”.
Como es difícil, según se deja claro en el documento, analizar al evolución del salario de manera aislada, se elaboró el trabajo que se incluye aquí: Documento Trabajo y Salario

FENAPES denuncia que recortes presupuestales y desidia generan dificultades en educación

La secretaria de organización de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (FENAPES), Graciela Almeida, denunció que “los recortes presupuestales y la desidia de las autoridades generaron las dificultades que se registran en el comienzo de los cursos”.

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El pasado 1º de marzo comenzaron las clases en todas las escuelas del país y también los primeros años de educación Media (liceo y UTU).
Tanto la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, como el presidente de la Administración de Educación Pública (ANEP), Wilson Netto, calificaron positivamente el inicio de cursos.
Incluso, Muñoz dijo que de los 2.763 centros de estudio, “solo cuatro liceos retrasaron el comienzo de clases”.
Se trata de los liceos números 6, 9, 36 y 61 que comenzarán las clases el viernes 9 de marzo, y ello se debe a “demoras en la conformación de grupos, en algunos casos, y a trabajos edilicios, en otros”.

“Caos”

Sin embargo, desde FENAPES se cuestionó el inicio del año lectivo 2018.
“En el caso de Secundaria se registró un inicio prematuro de cursos y la mayor parte de los liceos de bachillerato no han comenzado las clases por problemas de inscripción de informática, en este sentido existe un caos muy importante”, denunció Almeida.
La dirigente sindical dijo que no se puede hablar de que “existe un inicio normal de clases, más allá de las declaraciones que las autoridades hacen en los medios de comunicación”.
“Existe falta de apoyo a los grupos, faltan funcionarios, hay problemas de infraestructura en muchísimos liceos del país. Todos estos temas fueron tratados en el encuentro bipartito y serán analizados en los grupos de trabajo en los Consejos de Secundaria”, dijo.
Almeida aseguró, según informó el portal del PIT-CNT, que “está claro que el recorte presupuestal, ordenado por ANEP está impactando muy fuerte en Secundaria. FENAPES se opone a este recorte porque, entre otras cosas, es un prejuicio muy importante para la educación pública”.
FENAPES plantea llevar adelante un plan de lucha que tiene como eje un mayor presupuesto.

Coordinadora Feminista dio conferencia posterior a la marcha

Contentas con el resultado de la marcha, las integrantes de la Coordinadora llaman a continuar con la lucha, más allá del 8M.
viernes 9 de marzo de 2018 - CARAS Y CARETAS
El viernes 9 de marzo seis integrantes de la Coordinadora de Feminismos de Uruguay dieron una conferencia, que tiene lugart un día después de la movilización por el Día Internacional de la Mujer. Aseguraban estar muy contentas por como se dio la marcha y sentirse felices de ver a tantas mujeres. La cantidad de gente que acudió, aseguraron, “excede a la Coordinadora”.
Recalcaron la importancia de la presencia en la calle de todas las expresiones artísticas, y de todas las expresiones de poder decir lo el movimiento feminista piensa y siente. La marcha finalizó con una propuesta de cierre que proviene del colectivo, y con la lectura colectiva de la proclama.
“El feminismo lo construimos entre todas de forma horizontal y la convocatoria ha sido muy exitosa. Se replicó el 8 de marzo en todo el país, en más de 40 localidades”, dijeron. Además, según afirmaron, a nivel internacional la movilización en Uruguay fue una de las más multitudinarias.
“No queremos dejar pasar por alto que ayer nos levantábamos con la noticia del feminicidio de Olga que, a pesar de las medidas cautelares, su expareja arremetió contra todo y la terminó asesinándola”. Con respecto a los feminicidios y, en tanto que la Coordinadora de feminismos convoca las alertas cada vez que asesinan a una mujer, al inicio de la marcha tuvo lugar una performance por la cual carteles con mujeres asesinadas fueron colocados en el centro de la vereda. “El feminicidio tiene que ver con un sistema patriarcal donde el abuso comienza en lo más mínimo forma de violencia en nuestros cuerpos y termina en asesinatos”, explicaron.
Con respecto a la polémica que generó la presencia de un grupo con carteles en los cualñes se podían leer #FemeninaSí #FeministaNo, aseguraron en la conferencia que se trataba de un acto de provocación. “El movimiento feminista y su visibilidad genera molestias a sectores conservadores”.
En relación a las pintadas en la iglesia de Cordón dijeron que dentro del movimiento hay distintas formas de expresión, que ellas no condenan esos actos a pesar de que no sean los que elije la Coordinadora. “Son respetables las diferentes modalidades de reaccionar de las compañeras del movimiento”. Criticaron que, frente a una marcha masiva, lo destacable sea lo sucedido en la iglesia: “A la Iglesia no la mata nadie, a nosotras nos están matando cada día”.
La movilización, afirmaron, tuvo un poco mas de participantes que el año pasado. Además destacaron las movilizaciones en el interior. Dijeron no manejar un número concreto de asistentes, pero consideran que no es el dato más relevante: “Lo relevante es que fue una movilización masiva y explosiva”.
El 8 de marzo es una fecha significativa para el movimiento feminista, dijeron, pero pero tiene que tener una continuidad. “Las mujeres nos tenemos que seguir juntando, pensando y sobreviviendo juntas”, aseguraron.
Concluyeron animando a “que siga la lucha de las mujeres y la organizacion de las mujeres y que esto sirva para seguir construyéndonos y construyendo juntas. Ayer lo que se dio en las calles son mujeres de todas las edades, porque la lucha de las mujeres es una sola independientemente de la edad”.

Reclaman mayor participación de mujeres en dirección del Pit-Cnt

Proclama de mujeres trabajadoras hace énfasis en perspectiva de género e igualdad de oportunidades.
Foto: Dante Fernández.
jueves 8 de marzo de 2018 CARAS Y CARETAS
En una proclama por el Día Internacional de la Mujer, las mujeres del Pit-Cnt reclaman que se aplique la cuota de género, “aprobada en nuestros últimos tres congresos” para de esa manera reflejar la participación femenina en la dirección del movimiento sindical.
“Tenemos la confianza absoluta que cada una de las organizaciones que conforman nuestro Pit-Cnt, cumplirán con las resoluciones adoptadas en los congresos anteriores. Es nuestra responsabilidad sensibilizar y educar sobre el derecho a la vida, la diversidad, el respeto por el otro”, sostienen.
Recordaron que son “trabajadoras organizadas con conciencia de clase” y reconocieron que “desde los consejos de salarios hemos reducido las desigualdades”. Tras reconocer los avances de los últimos tiempos señalaron que la ronda salarial de este año – “la más grande de la historia de nuestro país”-, bregarán para que los Convenios Colectivos contengan cláusulas que garanticen la igualdad de género, protección a la maternidad y víctimas de violencia, respeto a la diversidad y corresponsabilidad en los cuidados familiares.
“Debemos redoblar nuestros esfuerzos para que se refleje la participación de las mujeres en el Pit-Cnt, ejemplo mundial de lo que es la unidad sindical”, subrayan más adelante. Entienden como mecanismo de tránsito la aplicación de la cuota “como ya está aprobada en nuestros últimos tres congresos, es hora de hacerla efectiva”.
Subraya más adelante la proclama: “No habrá justicia social en tanto no se alcance la igualdad de oportunidades de ingreso al trabajo, la eliminación de la brecha salarial y la no discriminación”.
Por esta razón reclaman la integración de las trabajadoras en los espacios de decisión. “Reivindicamos que el movimiento sindical tenga como objetivo incluir la perspectiva de género y diversidad como profundización de nuestra democracia”, sostienen. Y se proponen “garantizar la erradicación del trabajo precario, ilegal, sin protección de la seguridad social. Garantizar la salud de las mujeres, respetando el derecho a decidir”.

El Pit-Cnt propondrá una batería de medidas vinculadas a cuestiones de género.
La integrante del Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt, Milagros Pau, adelantó que dentro de las iniciativas que se elevarán está la de licencia paga para las víctimas de violencia de género o quienes tengan a su cargo tareas de asistencia familiar.
“Para llevar a un hijo al médico o a un adulto mayor al geriatra, entendemos que eso siempre se adjudica a una mujer por los estamentos sociales que nos han implantado”, sostuvo Pau.
Por otro lado, la dirigente reprochó que al día de hoy “se le pregunte a las compañeras jóvenes si piensan tener hijos o casarse” en las entrevistas laborales.
La secretaria de Género del PIT-CNT brindó una conferencia, en el marco del Día Internacional de la Mujer. Allí se leyó la proclama de reivindicaciones de la Intersocial Feminista y se pidió “más compromiso y más presupuesto” al Estado para “cuidar la vida de las mujeres”.
La Secretaria, que integra el colectivo feminista de la Intersocial, exigió en la rueda de prensa más representación en la central sindical, y reclamaron que se hagan efectivas las cuotas femeninas dentro de la organización.
Dentro del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, un órgano compuesto por 21 integrantes, hay tres mujeres: María Eugenia Amarilla, Fernanda Aguirre y Milagros Pau. “Somos mujeres, somos trabajadoras y luchamos por la igualdad”, se sentenció.
Durante la conferencia se leyó la proclama de la Intersocial y, además, se pidió “más compromiso y más presupuesto” para cuidar la vida de las mujeres. También se exigió justicia para el caso de la trabajadora de Alur que fue despedida, según la central, dentro del periodo de lactancia materna.
En la proclama de la Intersocial se llama a marchar este jueves y se exige presupuesto para la implementación de la ley contra la violencia basada en género. También reclaman educación en igualdad de género, en derechos humanos y en diversidad sexual.
En esa línea, la Intersocial exigió que se mejore el sistema de tobilleras y que la Justicia cumpla “con las medidas establecidas”.

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Gerardo Núñez. Foto: Pablo Vignali (archivo, agosto de 2016)

Diputado comunista cursa un pedido de informes a Nin para que responda por el cambio de postura del gobierno con Venezuela

Con la misma tónica de un legislador opositor, el diputado comunista Gerardo Núñez cursó un pedido de informes al ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, para que explique, entre otras cosas, el cambio de actitud respecto del gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro, tras el apoyo a la declaración emitida por la Organización de Estados Americanos el viernes, en la que se pide a este país que reconsidere su convocatoria a elecciones. La declaración reclama también que en Venezuela se apruebe un “nuevo calendario electoral que haga posible la realización de elecciones con todas las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente, legítimo y creíble, que incluya la participación de todos los partidos y actores políticos venezolanos sin proscritos de ninguna clase”.
“¿Cuáles son los fundamentos en virtud de los cuales Uruguay modificó su postura histórica respecto de lo que ha sido un enfoque respetuoso de los principios de autodeterminación de los pueblos y no intervención en sus asuntos internos?” es la tercera de las siete preguntas que hizo Núñez en el pedido de informes que cursó ayer. En otra de las preguntas, le exige al canciller que indique “qué actores políticos” están proscriptos y, en caso de que los haya, se le pide indicar “los motivos y las fuentes de información”. También le pregunta “cuál es la fuente de información” que llevó al ministro a decir que las elecciones en Venezuela son presidenciales y a la vez parlamentarias. Además, le consulta acerca de cuáles son las mayorías requeridas para que se reúna el Consejo Permanente de la OEA, y en base a qué mayorías fue reunido el viernes, cuando se emitió la declaración.
Respecto de esta última pregunta, Núñez explicó a la diaria que tiene entendido que el Consejo Extraordinario del viernes se convocó por mayoría absoluta, y no con la mayoría especial de dos tercios que se necesita para ocasiones extraordinarias. Ayer, en una entrevista con la radio El Espectador, Núñez también negó que haya partidos políticos proscriptos para las próximas elecciones. De hecho, dijo que hay tres “sectores importantes” de la oposición que se van a presentar a las elecciones, y sostuvo que los políticos proscriptos como Leopoldo López o Henrique Capriles “estuvieron implicados en acciones terroristas que pusieron en riesgo la vida de muchísimas personas,y participaron en asesinatos”. Además, aseguró que “no existe ningún partido político proscripto”. El lunes, otros sectores del Frente Amplio salieron a criticar a Nin Novoa. El Partido Comunista del Uruguay, al que pertenece Núñez, emitió un escueto comunicado en el que expresa su “preocupación, dolor y rechazo al voto de Uruguay” en la OEA, mientras que la lista 711, que lidera el ex vicepresidente Raúl Sendic, publicó en su sitio web un texto que dice: “No compartimos, en esta oportunidad, la decisión de nuestro gobierno de acompañar la moción de la OEA, que exhorta se establezca un nuevo calendario electoral para Venezuela”.